Redacción
Al menos 1.657 migrantes, provenientes de 21 países diferentes, fueron detenidos durante la semana del 13 al 19 de agosto pasado, de acuerdo con reportes de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Dichas detenciones ocurrieron en 17 entidades de México, mayormente en Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas.
Las personas migrantes son originarias en su mayoría de Honduras, de donde son 637, otras 325 son de Guatemala, 194 de Haití, 151 de Nicaragua, 142 de El Salvador, 57 de Cuba, 17 de Venezuela, 16 de Chile, 14 de Ecuador, 12 de Bangladesh, 10 de la India, nueve de Brasil, y de otras nacionalidades más en cifras menores.
Tras ser detenidos, los migrantes fueron enviados a las instalaciones del INM, en cada estado, donde se les brindó atención consular y se les ofreció retornar a sus lugares de origen.
Además, indicaron las autoridades migratorias, se detuvo a 39 presuntos responsables del delito de tráfico de personas, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mostró a principios de mes su preocupación por la práctica estadounidense de deportar en aviones al sur de México a solicitantes de asilo y migrantes en base a una orden de salud pública.
ACNUR indicó que las personas expulsadas pueden necesitar protección urgente y se arriesgan a ser devueltas ante los peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin que estas necesidades hayan sido abordadas.
“Estos vuelos de deportación de personas no mexicanas al interior de México constituyen una preocupante nueva dimensión en la aplicación de la orden de salud pública Título 42 vinculada al covid”, dijo en un comunicado Matthew Reynolds, representante de ACNUR en Estados Unidos y el Caribe.
El Título 42 es una orden de emergencia aprobada durante la presidencia de Donald Trump y todavía vigente que permite la deportación inmediata de los migrantes indocumentados, incluidos aquellos que solicitan asilo.
A finales de julio, las autoridades estadounidenses empezaron a deportar familias de migrantes en vuelos a Centroamérica como parte de un sistema para devolver a personas llegadas desde México sin autorización.
Estas deportaciones aceleradas han sido usadas tanto por administraciones republicanas como demócratas para disuadir la inmigración ilegal.
El departamento de Seguridad Nacional dijo que las familias habían sido enviadas a sus países de origen, incluidos Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no cifró el número de expulsados.
“La expulsión desde EEUU al sur de México, fuera de un acuerdo de traslado oficial con las garantías legales adecuadas, incrementa el riesgo de devoluciones en cadena de personas vulnerables en peligro, en incumplimiento del derecho internacional y los principios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951”, dijo Reynolds.
Este responsable de ACNUR también indicó que estos vuelos de deportación reducen la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México e incrementan el riesgo de transmisión de covid-19 entre países.
“ACNUR reitera la petición de mayo de 2021 (…) para que el gobierno de Estados Unidos levante las restricciones de asilo del Título 42 que siguen vigentes y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de ello”, añadió Reynolds.
Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México inició una investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos en plena pandemia.
En un comunicado, la CNDH explicó que indaga si el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como autoridades estatales y municipales, cumplen con las medidas para proteger a los migrantes.
