Constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) pidieron a las autoridades federales abrir el diálogo sobre infraestructura pública en el país, ya que están preocupados porque el decreto presidencial para dar trato de seguridad nacional a las obras federales, podría detonar incremento de costos, mayor improvisación y el deterioro en la calidad de las obras.
En comunicado, los integrantes de la CMIC advirtieron que “no es sano hacer de una excepción, la regla. De ninguna manera todos los proyectos de obra federal de agua, medio ambiente, comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, turísticos, energéticos y de salud califican como proyectos de seguridad nacional”.
Por eso, pidieron un espacio de diálogo con los diferentes sectores involucrados en el ciclo de infraestructura, para encontrar un punto de equilibrio que concilie la legítima aspiración de las autoridades de agilizar las obras, con el imperativo de garantizar la adecuada realización de la misma en condiciones de transparencia, costos competitivos y calidad.
Dejaron en claro que comparten el propósito del Gobierno Federal de agilizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que el país necesita y respetan las atribuciones legales de las autoridades federales para emitir decretos en aras de hacer valer el interés público.
Sin embargo, “no estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarla”.
Eso genera problemas a las dependencias ejecutoras de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general.
Argumentaron que existen diferentes causas que inciden el retraso de la obtención de permisos para la ejecución de obras públicas además de la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.
“Es un problema estructural que debe atenderse dándole a la planeación de largo plazo y a la preparación técnica de los proyectos la seriedad, prioridad y tiempo que requieren”.
