Por Diana Domínguez Galván
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), Guillermo Rosales, dijo a Reporte32mx que una posible regularización de automóviles ilegales será un duro golpe para la economía en general y los automovilistas formales, quienes enfrentarán la devaluación de sus vehículos de hasta el 30% y discriminación al tener mayores obligaciones de pago de sus unidades.
Para la industria automotriz en México, el 2021 quedará marcado como el año de la caída más fuerte en ventas de vehículos de las últimas décadas, acentuado por un incremento considerable en el contrabando de automóviles en la frontera norte del país, lo que generará la devaluación de las unidades seminuevas legales que circulan en México y la discriminación de usuarios de automotores regulares.
En entrevista con Reporte32mx, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, advirtió que no sólo la industria automotriz será impactada por la intensión del gobierno federal de regularizar los vehículos ilegales que llegan a México desde Estados Unidos, sino también resultarán afectados los usuarios de automóviles legales en el país.
Es decir, la regularización de los llamados vehículos “chocolate”, atenta contra el mercado formal de vehículos y en sí contra toda la economía y los consumidores.
A pesar de los reiterados anuncios de regularización que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 26 de junio pasado; hasta ahora “no ha iniciado el proceso debido a la carencia de un instrumento jurídico para llevarlo a cabo. Sin embargo, el sólo anuncio ya incrementó el contrabando en la frontera.
“Lo que si es palpable es que el contrabando automotriz está actuando a su máxima capacidad y velocidad”, denunció el presidente de Amda.
El desorden fronterizo llevó ya a incrementar las cifras de vehículos importados en 39 por ciento en lo que va del año, respecto al periodo anterior, en tanto que estas importaciones equivalen hoy a 16.2 por ciento del total de ventas de vehículos nuevos, de acuerdo con el último reporte de la Amda.
Esto, conlleva irremediablemente a la devaluación del mercado automotriz en territorio mexicano. “Y ahí será cuando veamos un efecto directo en la disminución de la venta de vehículos usados en el mercado formal hasta llegar a los vehículos nuevos”.
Esto quiere decir que cuando los vehículos se encuentran en calidad de contrabando o de ilegalidad, no tienen una cadena de comercialización más allá de la primera transacción que realiza el contrabandista para venderlo.
Sin embargo, si se logra la regularización y esos vehículos cuentan con placas que les permiten su circulación en cualquier punto del territorio nacional surge una sobreoferta en el mercado secundario, en donde los primeros afectados son los dueños vehículos usados formales, legales.
Sus propietarios no encuentran la suficiente demanda y por ello los precios bajan, y se estima que esta reducción pueda ser entre 20 y 30 por ciento y así sucesivamente la cadena de comercialización sigue su curso hasta llegar a la venta de unidades nuevas.
Hay que recordar que la mayor parte de compradores de vehículos nuevos son gente que ya cuenta con la propiedad de un automóvil, mismo que vende para poder comprar otro nuevo, pero cuando está saturada la oferta, bajan los precios, se vienen más dificultades para poder concretar la venta y por lo tanto el usuario dispone de menos recursos.
“Es decir, estamos ante un panorama que una vez que inicie la regularización por el efecto de explosión en la introducción del contrabando, habrá un impacto muy fuerte para nuestro sector, como lo vimos en 2005 cuando el entonces presidente Vicente Fox llevó a cabo la regularización”, dijo Rosales Zárate.
Pero el impacto llega mucho más lejos porque de acuerdo con el anuncio del gobierno federal, quienes quieran regularizar su unidad sólo pagarán dos mil pesos. Muy por abajo de las tenencias, verificaciones y regulaciones que deben pagar los usuarios de unidades en el mercado legal y formal del país.
Esto genera una clara discriminación hacia quienes tienen vehículos formales y que se esfuerzan por mantener en regla su unidad.
Además, si se llega a dar la regularización es necesario que haya un programa serio, cuyas normas impidan que entren al país autos robados o siniestrados en Estados Unidos.
“Resultaría totalmente inaceptable que se le de un registro a esos vehículos. Tenemos que asegurarnos que no se sigan introduciendo vehículos robados al país. Por otro lado, la legalización de aquellos vehículos que proceden de inundaciones, siniestros gravísimos que ponen en riesgo la vida de las personas que los ocupan en incluso peatones”
Es por ello, que Guillermo Rosales retomó la importancia de reconstruir el Registro Público Vehicular (Repuve).
El presidente López Obrador ha insistido en que su decisión se basa en el combate a la criminalidad ligada a la utilización de los vehículos ilegales en la comisión de diferentes delitos del fuero común, tales como homicidios, secuestros, etcétera.
“No coincidimos con ese diagnóstico, pero tampoco con el hecho de que otorgando una regularización e incluyéndolos en el Repuve se podrá combatir las prácticas criminales”.
Y esto simple y sencillamente porque el actual Registro Vehicular es un cascarón obsoleto, ineficaz que se encuentra seriamente cuestionado en cuanto a la calidad de la información que contiene y “que con todo conocimiento de causa puedo afirmar que no tiene la capacidad ni la infraestructura para que la incorporación de los vehículos que se pretenden regularizar aporte seguridad de que sus datos sean confiables y fácilmente utilizados por parte de las diferentes dependencias de seguridad pública, tanto federal como estatal”.
Es urgente, por lo tanto, la reconstrucción de un Registro Público Vehicular, tanto en su capacidad técnica y jurídica para que sea obligatoria la entrega de información en tiempo real por parte de los gobiernos estatales.
La actual Ley del Registro Público Vehicular no tiene ningún peso para obligar a los estados a cumplir en tiempo y forma “y por ello es que tenemos un verdadero desorden y desastre en el padrón vehicular”.
El presidente de Amda insistió en contar con un sistema homologado, obligatorio para todas las entidades federativas en los procedimientos de control vehicular y que todo esto esté debidamente reflejado en las bases de datos del Registro Público Vehicular.
En la mencionada regularización del presidente López Obrador, “nada de eso ha sido considerado cuando menos en la política pública conocida hasta el momento y si no tenemos este instrumento fundamental, lo que veremos sería engrosar el sistema de datos que no aportan valor y que no se estará cumpliendo en lo que tiene anunciado el presidente para justificar la regularización de los vehículos ilegales”.
