Este domingo, el gobierno mexicano modificó el decreto por el que se facilita la regularización de vehículos importados en forma ilegal al país, ampliando el número de estados en los que se puede llevar a cabo, así como la fecha para realizar el trámite, sorprendiendo a la industria automotriz que pide una mesa de diálogo para evitar el daño al sector.
Por Diana Domínguez Galván
El gobierno mexicano volvió a tomar por sorpresa a la industria automotriz nacional y emitió ayer domingo modificaciones al decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el país, por lo que los líderes de todas las asociaciones del sector exigieron una mesa de diálogo que impida el impacto en la industria nacional.
Y es que este domingo por la tarde, se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que la regularización del contrabando automotriz en México se amplía por dos meses y se añaden a mas estados de la República.
En conferencia de prensa los presidentes de al Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales; Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya; Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde y el director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Alberto Bustamante, expresaron su rechazo a la decisión gubernamental.
“Esto, no sólo vulnera el marco jurídico mexicano, sino que abre la puerta aún mas para que los vehículos que siguen entrando en calidad de contrabando se incrementen en número”., aseguró el presidente de Amda, Guillermo Rosales Zárate.
El decreto publicado originalmente el 19 de enero pasado fue modificado y se incluyó a los estados Sinaloa y Zacatecas en donde se pueda llevar a cabo la regularizaicón, que ya se suman a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo león, Sonora y Tamaulipas.
Asimismo, se amplía la vigencia de regularización del contrabando automotriz hasta el 20 de septiembre de este 2022, cuando originalmente estaba contemplada hasta el 20 de julio próximo.
En el Artículo 6 se insertó una modificación muy importante respecto al procedimiento, el cual refiere que para la regularización , el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al Registro Público Vehicular, a través de medios electrónicos o módulos de inscripción vehicular instalados para tal efecto, la Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, con los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de dos mil 500 pesos a que se refiere el Artículo Tercero, Fracción Quinta del decreto, y que se realizará mediante el formulario múltiple de pago de comercio exterior que se encuentra en la siguiente dirección electrónica.
Una vez que el Registro Público Vehicular reciba los documentos a los que se refiere el párrafo anterior, es decir, el recibo de pago, de forma inmediata, los remitirá vía electrónica a la agencia nacional de aduanas de México.
Con el sólo envío de la documentación referida se tendrá por acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos.
“Esto da pauta para poder dilucidar con toda precisión que el procedimiento que se está instaurando carece del mínimo elemento de control por parte del estado mexicano para asegurar que los vehículos a los que se les dará legal estancia no cuentan con reporte de robo, no cuentan con reporte de condiciones extremas en cuanto a la calidad mecánica que evite su circulación y por su puesto se deja de lado la obligación de llevar a cabo la verificación de emisiones contaminantes”, afirmó Rosales Zárate.
Asimismo, se exime de participación y acciones de control al sistema aduanero mexicano y no se menciona en ningún momento la figura de contar con un pedimento de importación que es el documento que acredita la legal estancia en nuestro país de cualquier mercancía de origen extranjero.
Por eso, el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Alberto Bustamante, aseguró que ello se trata de un golpe al sector automotriz mexicano que impactará a la industria y por lo tanto en la pérdida de empleos, acción que además convierte a México en el patio trasero de Estados Unidos para desechar chatarra que ya no quieren.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya, insistió en que la industria tiene su mano tendida para dialogar con el gobierno para trabajar en conjunto.
Y aseveró que si bien es loable la intensión de que la gente que lo necesita tenga un vehículo, no debe de ser a través de legalizar lo ilegal, pues ello constituye la violación al Estado de Derecho.
Agregó que la industria propone una serie de incentivos para promover la venta de vehículos de cierto rango, así como facilidades para su fabricación y registro de vehículos nuevos con normas mas flexibles.
Por su parte, el presidente de la Anpact, Miguel Elizalde, consideró que el decreto y sus nuevas medidas son contrarios a la certeza, la consistencia en las políticas públicas, así como al Estado de Derecho.
Mientras a los vehículos nuevos se les exigen dispositivos de seguridad, regulaciones de medio ambiente, a los usados importados no se les exige nada. “Entonces al importación de chatarra es perjudicial”.
