El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética (Iniciativa).
El organismo autónomo reiteró en un comunicado respecto a la importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público.
La Cofece advirtió que la iniciativa renuncia de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado.
Dicho modelo ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas.
La Comisión subrayó que el modelo propuesto en la Iniciativa representa un retroceso en contra del bienestar social, ya que de aprobarse implicaría:
Instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad;
Asimismo, implica crear un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE);
Además de desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas.
Como último punto, la Cofece indicó que la iniciativa del Ejecutivo elimina los distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema y diversificar la matriz de generación.
También procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias.
Más aún, subrayó la Cofece, en la propuesta no se advierten mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en su caso, por privados) y despachada en el sistema, sea la menos costosa.
“Por el contrario, un cambio como el que se propone retrasaría la salida del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e ineficientes; asimismo desincentivaría la instalación de nuevos proyectos que pudieran operar con tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente”.
La comisión recordó que la propuesta del Ejecutivo contempla la cancelación de todos los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes con el sector privado.
Eso, necesariamente se traduciría en una restricción de la oferta, inutilización de activos y en mayores desincentivos a la inversión.
Agregó que si bien la Iniciativa prevé que los privados podrán generar “hasta” el 46 por ciento de la energía requerida por el país, sería únicamente para venta a la CFE y en los umbrales, términos y condiciones —aún desconocidos— que esta última determine.
Lo anterior la convierte en un monopsonio en la compra de energía eléctrica y con ello le permite monopolizar toda la cadena de valor.
De esta manera, abundó la Cofece, el cambio de paradigma propuesto ocasionaría un aumento de costos a lo largo de la cadena de valor de la industria eléctrica.
Lo que a su vez, provocaría un aumento de tarifas que lesionaría el bienestar de los consumidores y la posición competitiva de las empresas, o bien un desvío de recursos para subsidiar un servicio público ineficiente.
En resumen, puntualizó la Cofece, la iniciativa comprometería el funcionamiento eficiente del sector en general y su capacidad para atender las necesidades presentes y futuras.
Ello afectaría negativamente tanto a los consumidores como a las empresas, la competitividad del país y con ello su crecimiento económico.
La Cofece reiteró que es fundamental hacer todos los esfuerzos para mantener y desarrollar un sector eléctrico competitivo, eficiente, sustentable y seguro, ya que de eso depende el desempeño del resto de los sectores económicos y la prosperidad del país.
La iniciativa no contribuye a ese propósito, entre otras cosas, por renunciar a la competencia y a una regulación que proteja el funcionamiento eficiente de los mercados.
