El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía de Delitos Electorales sancionar el uso de los programas sociales con fines electorales, porque denunció que funcionarios federales coordinan a los “cuervos” de la Nación para presionar a la gente a que voten por Morena.
Entonces, dijo, el INE debe difundir una campaña de voto libre y secreto para que la gente sepa que el gobierno no puede quitar los programas sociales, ya que estos son un derecho de ley.
“Funcionarios federales, operadores de Morena y los ‘cuervos’ de la Nación usan electoralmente los programas sociales para coaccionar el voto de la gente más vulnerable. Es urgente que las autoridades electorales apliquen sanciones ejemplares a este delito grave, con el fin de frenar de inmediato el desvío de recursos con fines electorales y garantizar el voto libre en los seis estados con elecciones”, dijo el dirigente.
Y es que denunció que las brigadas de los programas de Bienestar recorren las calles y tocan puertas con las listas de los beneficiarios en mano, para amenazar, engañar e intimidar a las familias diciéndoles que si votan por otro partido se les retirarán los apoyos que reciben.
Por ello, pidió urgentemente a las autoridades electorales implementar, de inmediato, una campaña de radio y televisión de voto libre y secreto, para que la gente confirme que el gobierno no le puede quitar los apoyos ni los programas sociales, porque son un derecho de ley, “y usarlos electoralmente es un delito grave que todos debemos denunciar”.
Sólo faltan 14 días para las elecciones en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.
Acción Nacional ya presentó ante las autoridades electorales varias denuncias y está preparando otras para que se sancione con todo el peso de la ley el uso de programas sociales con fines electorales, pues está tipificado como delito grave.
Y recordó que la reforma al Artículo 19 Constitucional para incluir el uso de programas sociales en el catálogo de delitos graves fue una propuesta precisamente del presidente López Obrador, por lo que ahora le exigen que lo cumpla, porque advirtió que son los primeros obligados a cumplir la ley y castigar a todos los que cometan este delito electoral.
