La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, dijo el jueves en un informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino —Cocula— y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que continúan colaborando con la investigación_, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
La Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realizaba en esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen.
El grupo de expertos internacionales pidió desde 2016 investigar esta posibilidad porque, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
México pidió información a Estados Unidos sobre este tema, pero apenas ahora se confirmó que ese autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido”, señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”, agregó.
El subsecretario anunció que ya se presentaron en la fiscalía todos los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Desde finales de 2020 el gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encontraban militares y policías federales. Aunque hubo algunos arrestos, se desconoce cuántos siguen prófugos.
El funcionario de mayor rango conocido es Zerón, a quien México acusa de tortura y desaparición forzada. Encinas dijo que, cuando se reunieron con él en febrero para ofrecerle colaborar con la justicia, se negó, por lo que siguen los trámites para intentar su captura con fines de extradición. Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, es considerado el artífice de la versión oficial, ya totalmente desacreditada.
Este año, el grupo de expertos internacionales aseguraron en su más reciente informe que la Marina de México formó parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior, y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática. Esa información fue puesta a disposición de la Comisión de la Verdad.
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría fueron excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Sólo unas 50 siguen en prisión.
El gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
En un breve mensaje, sus abogados dijeron que, “por la dureza de lo informado” —es la primera vez que este gobierno da por muertos a los muchachos_, los padres analizarían en profundidad el informe y pedirían la opinión de los expertos internacionales antes de fijar una postura.
