Pequeños comerciantes del país denunciaron la extorsión de la que son objeto por parte de traficantes de cigarrillos ilegales quienes los obligan a vender su producto o de lo contrario son amenazados con quemar sus negocios.
El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Con
Comercio), Gerardo López Becerra, aseguró que, contrario al optimismo de representantes de los tres niveles de gobiernos y de las diferentes banderas políticas del país.
“Lo cierto es que las bandas criminales han tomado tanta fuerza, que hoy en día son quienes definen la pauta comercial en algunas zonas del país a un grado tal, que imponen un auténtico escenario de ‘terrorismo’ al chantajear a negocios y comercios”.
“Los pequeños comercios son víctimas permanentes del clima de inseguridad que azota al país, pues además del llamado robo hormiga, el pago de derecho de piso y atracos recurrentes, ahora también deben padecer los embates del crimen organizado que se ha convertido en el principal distribuidor de diferentes productos, como lo de cigarros de contrabando o robados que son introducidos a negocios mediante chantajes y extorsión para que sean exhibidos y vendidos; los dueños que se niegan pueden ser víctimas de ataques a su integridad o negocio”, afirmó.
Como evidencia de dicho flagelo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó un operativo en el municipio de San Felipe el pasado jueves 25 de abril, que derivó en el aseguramiento de un arsenal de equipo táctico (52 armas de fuego, 34 cargadores y tres mil cartuchos de armas), así como sustancias ilícitas, dinero en efectivo y más de 130 mil cigarros de tabaco destinados a la distribución comercial.
Gerardo López Becerra advirtió que el fenómeno del crimen organizado como distribuidor de tabaco ilegal tiene graves consecuencias que van más allá del tema comercial.
“Por un lado -explicó-, los dueños de comercios, misceláneas, tiendas de abarrotes y pequeñas fondas son extorsionados para vender dichos productos con el riesgo de perder su vida y su patrimonio y, por el otro, se encuentran los graves riesgos a la salud que implican los cigarrillos ilícitos, porque son productos que no cumplen con normas de calidad y seguridad, pues se han detectado que traen residuos de pasto, periódico, cartón y hasta heces fecales”.
El presidente de CONCOMERCIO lamentó la indiferencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues datos oficiales tienen bien identificados los estados del país con los mayores incidentes de inseguridad, como el caso de Guanajuato que encabezada el listado nacional de homicidios, con 481 asesinatos en el primer bimestre del año, seguido por el Estado de México (con 418 casos); y Baja California (415 incidentes).
Sin embargo, el empresario denunció que con todo y esa radiografía de datos que disponen las autoridades, lo cierto es que no se han emprendido acciones coordinadas e integrales para revertir este escenario, en donde los criminales utilizan a los comercios como canales de distribución y venta de distintos productos de contrabando, como lo son los cigarros ilegales para fondearse y comprar armamento.
“En diferentes partes de la República están presentes los comercios y hasta tiendas de conveniencia balaceadas e incendiadas como respuesta a la negativa de los comerciantes a someterse a vender productos ilegales; es un auténtico escenario de terrorismo, en donde ya existe gente que prefiere bajar la cortina de manera permanente y cambiar de actividad productiva, decisión que impacta emocional y económicamente a su familia y deja sin empleos a los trabajadores del negocio”, denunció el presidente de CONCOMERCIO y la Empresa Familiar.
De acuerdo con un estudio del instituto Oxford Economics, se estima que, en México, casi el 20% de los cigarros de tabaco que se comercializan en el país, son de origen ilegal.
El documento estima que la merma fiscal que representa la proliferación de los cigarros ilegales podría superar los 13 mil 500 millones de pesos al año.
Ante dicho escenario, Gerardo López, presidente de CONCOMERCIO, lanzó un enérgico llamado al gobierno federal, a los gobiernos estatales y autoridades municipales a dejar a un lado sus diferencias políticas y entablar una estrategia para enfrentar al crimen organizado, pues los ciudadanos y los negocios (particularmente los de menor tamaño), son las víctimas de la indiferencia de las autoridades.
“Sino se detiene la extorsión a negocios pequeños a manos del crimen organizado, puede provocar un colapso de salud y económico de tamaños titánicos para el país, pues habrá un cierre masivo de empresas, desempleo, desplome de ingresos públicos, suspensión de programas sociales, inseguridad, entre otras consecuencias; es claro, se necesitan acciones inmediatas; el proceso electoral 2024 no puede ser pretexto para no resolverlo”, aseguró el empresario.
