Y Sepa La Bola… pero Grupo Iconn, el conglomerado regiomontano que opera las franquicias 7-Eleven y la red de estaciones de servicio Petro-7, se coloca en el centro de una posible reconfiguración del mercado energético minorista en México.
Desde hace semanas, entre pasillos corporativos y sobremesas de consultoras, se escucha que Iconn estaría negociando la adquisición de la red de gasolineras de Shell en México.
La operación, no confirmada por ninguna de las partes, ha desatado especulaciones que alcanzan tanto al mercado de combustibles como a los órganos reguladores y al aparato político.
Shell, una de las grandes petroleras del mundo, llegó a México con el bombo y platillo de la reforma energética.
Prometió inversiones millonarias, combustibles de clase mundial y competencia para Pemex. En 2017 abrió su primera estación de servicio.
Hoy cuenta con alrededor de 250 estaciones, muchas de ellas en zonas de alto consumo. Pero también arrastra problemas: obstáculos regulatorios, freno a permisos de importación, presiones políticas veladas y una estrategia global de transición energética que la llevó a vender su refinería Deer Park a Pemex. México, para Shell, dejó de ser prioridad.
Iconn aparece como el candidato natural para recoger las piezas. Tiene experiencia operando estaciones, una red consolidada en el país y una relación histórica con el poder regiomontano. Pero también tiene antecedentes que incomodan: denuncias por prácticas laborales abusivas, contratos opacos y una expansión que, en palabras de un ex regulador, “es más financiera que industrial”. Es decir, más interesada en la renta de la infraestructura que en el servicio público que representa la distribución de energéticos.
La eventual compra plantea dilemas jurídicos y económicos. Debe pasar por el filtro de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). No por ser un monopolio, sino por el riesgo de concentración regional. En ciudades como Monterrey o Saltillo, Iconn ya controla franjas completas de estaciones.
Incorporar la red Shell podría eliminar cualquier vestigio de competencia. Los permisos de expendio de combustibles están sujetos a autorización de la Comisión Nacional de Energía, organismo que, según informes internos, ha sido presionado para retrasar autorizaciones a operadores privados que no se alinean con la narrativa gubernamental de fortalecimiento de Pemex.
La Constitución prohíbe las prácticas monopólicas y obliga a garantizar competencia efectiva. El problema es que en México, la línea entre competencia y nacionalismo energético se ha vuelto borrosa. Para algunos analistas, una venta entre privados es un asunto de mercado.
Para otros, se trata de una redistribución silenciosa del poder económico, donde empresas como Iconn, con vínculos financieros y políticos, terminan beneficiadas por la salida de multinacionales que ya no ven rentabilidad ni certidumbre en el país.
Y Sepa La Bola pero en los últimos meses, se ha documentado cómo integrantes del grupo criminal transnacional conocido como el Tren de Aragua han tomado el control de una de las principales zonas de tolerancia para el trabajo sexual en México. Mediante el uso de la violencia, la extorsión y amenazas, han desplazado a trabajadoras sexuales mexicanas, imponiendo en su lugar a mujeres venezolanas, muchas de ellas presuntamente cooptadas por la misma organización. Este fenómeno no solo refleja la expansión del poder de esta banda criminal más allá de sus fronteras de origen, sino que también pone en evidencia una nueva dinámica de trata de personas y control territorial que vulnera gravemente los derechos humanos de las mujeres involucradas y se burla de las autoridades.
