Denuncian intento de ocupación disfrazada del gobierno de Morelos a propiedad privada

Habitantes de Tlaltizapán, Morelos, alertaron sobre un intento de abuso y arbitrariedad por parte del Gobierno del Estado de Morelos, el cual anunció la construcción de una unidad deportiva en un predio de supuesta propiedad estatal, ubicado entre la colonia Alejandra y el poblado de Ticumán.

Sin embargo, datos del registro público de la propiedad revelan que el terreno -nombrado oficialmente Rancho Casa Blanca pero llamado “Los Limones” por las autoridades-, cuenta con propietario legítimo, uso productivo activo y funciones ambientales estratégicas, por lo que cualquier intento de ocupación sin resolución legal significa un acto de despojo.

El predio ha sido operado de forma pacífica, continua y pública durante décadas por una misma familia y actualmente se encuentra destinado a actividades agrícolas y ganaderas, con evidentes elementos como infraestructura productiva, ganado, cultivos y caminos rurales, por lo que lejos de estar abandonado, el terreno se encuentra en uso y en defensa activa mediante los cauces legales correspondientes.

Además, el terreno forma parte de la franja de amortiguamiento de la Reserva Estatal Sierra Montenegro, una zona de importancia ambiental donde habitan especies protegidas, por lo que cualquier intento de urbanización o construcción en esta área debe estar precedido por estudios de impacto ambiental serios, autorizaciones expresas y procesos de consulta pública, lo cual, hasta ahora, no ha ocurrido.

Vecinos del predio aseguran que la narrativa oficial pretende justificar una supuesta regularización y donación que carece de sustento transparente y cuyas consecuencias podrían implicar la destrucción de hábitats, la afectación de un ecosistema estratégico y la violación al derecho de propiedad.

Construir sobre la mentira es demoler el estado de derecho.

Vecinos de la localidad y que auténticamente conocen el terreno aseguran que no está abandonado, toda vez que produce, es fuente de empleos y contribuye a la preservación de flora y fauna local.

Por lo anterior, los habitantes y vecinos de la localidad dejaron en claro en que respaldan y apoyan políticas públicas para generar espacios dignos para jóvenes y niños, pero no a costa de actos ilegales ni en zonas ecológicamente frágiles.

Ante ello, los ciudadanos de la localidad lanzaron un respetuoso llamado a la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, al Congreso local así como a organizaciones a favor del medio ambiente y derechos humanos para que se detenga cualquier ejecución de obra pública sobre tierras privadas, sin legalidad ni certeza.

“El predio Casa Blanca tiene dueño, tiene historia, tiene vida”, claman los pobladores.

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