Un debate político pendiente vuelve a retomar su lugar en el escenario nacional: concretar una reforma electoral que sea congruente con las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo de México. Porque más que solo un cambio de reglas y procedimientos entre partidos y grupos de interés, se trata de arraigar la participación política en amplios sectores de la población mexicana; justo entre quienes han visto vulnerada su voz y traicionada su voluntad en la serie de fraudes que fueron operados (1988, 2006, 2012 entre los más recientes) y avalados por las propias instituciones concebidas para perpetuar en el poder a los mismos grupos.
Arraigar la democracia no es una tarea innecesaria cuando somos testigos como en diferentes latitudes del orbe se impone la ideología de la fuerza, la discriminación y el racismo, ideas propias de la derecha y la ultraderecha, frente al desencanto que provoca, sobre todo en los jóvenes, comprobar que los cambios sociales no se corresponden a las disputas electorales entre elites. Pero no nos llamemos a sorpresa cuando los voceros y los cuadros de nuestra propia derecha, no pretendan defender la democracia como gobierno del pueblo, sino el mismo orden oligárquico donde ellos se asumen como los únicos capacitados para mandar.
Nuestra comentocracia está arrancando su enésima causa en contra del Gobierno de México, a partir del anuncio el pasado 4 de agosto de la comisión que redactará la reforma electoral que el Poder Ejecutivo va a presentar al Congreso de la Unión donde aún tiene que discutirse y aprobarse. Pero al parecer, están más ofendidos porque “no se les consultó” a ellos, los “expertos”, y en cambio se pretende escuchar el sentir y las opiniones de quien deber ser el principal protagonista de este debate como legitimo depositario de la soberanía: el pueblo de México.
Si queremos aprender de democracia no necesitamos que nadie nos ilumine, mucho menos esos eternos burócratas que solo saben mostrar su desprecio por la gente más humilde; por el contrario, basta que repararemos en los procesos de concientización que se están dando desde abajo, más allá de la agenda mediática que se impone en las redes sociales y los medios de comunicación convencionales.
En este primer año del segundo gobierno de la Cuarta Transformación hemos presenciado un hecho inédito en nuestra historia republicana: 2025 ha arrancado con un ejercicio de democracia radical que abarca a más de 20 mil comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país quienes han asumido el ejercicio directo de una parte del presupuesto público al que tienen derecho, y lo están haciendo sin intermediación de representantes o instituciones que los tutelen como los eternos menores de edad que eran considerados.
En el marco de la reforma indígena promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el Congreso en septiembre de 2024, luego de una larga lucha sostenida por los mismos pueblos y sus organizaciones, por fin se ha reconocido a los pueblos y comunidades indígenas en su carácter de sujetos de derecho, misma condición que se extiende a los integrantes del pueblo afromexicano.
Esta reforma constitucional al artículo 2° hace realidad la larga demanda por el reconocimiento al derecho colectivo a la libre determinación de los pueblos en un marco de autonomía; es decir, que sin renunciar a las garantías individuales que nuestra Constitución Política reconoce a todos los mexicanos, ahora se promueve el ejercicio de derechos colectivos depositados en las naciones originarias que habitaron este territorio antes de los procesos de colonización, o de aquellos núcleos de población que fueron implantados por la fuerza -explotando su mano de obra en condición de esclavitud-.
Es una definición cardinal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que este derecho político no se quede solo en el papel, sino que comiencen a implementarse los mecanismos para irlo haciendo una realidad para los más de 23 millones de mexicanos que en el último censo se identificaron como indígenas y los 2.6 millones que se identificaron como afrodescendientes. Tanto instituciones como los propios pueblos han emprendido un camino inédito que no está exento de obstáculos y sobresaltos como evidencian las reacciones de los presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional quienes reclaman que se les está quitando el 10% de los recursos que sienten como propios.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) ha sido uno de los mecanismos privilegiados para distribuir los fondos del Ramo 33 que implican las Aportaciones Federales a los Estados y Municipios; sin embargo, no es su única fuente de ingresos, pues el Ramo 33 contempla 8 fondos distintos. El mismo FAIS ya contemplaba un componente estatal que implicaba el 12. 1% (FISE) y un componente municipal con el 87. 9% (FAISMUN); pero este año 2025 esos porcentajes se han modificado con la incorporación del componente indígena (FAISPIAM) a que se destinará el 10% de esos recursos públicos.
Contrario al uso discrecional con que se suele manejar esos recursos desde las Presidencias Municipales -salvo honrosas excepciobes-, para favorecer contratistas privilegiados o pagar lealtades políticas; hoy son los mismos pueblos reunidos en asambleas libres quienes han decidido el destino de esos recursos para obras de infraestructura social como son agua potable o alcantarillado; electrificación, urbanización y caminos; infraestructura escolar o de salud, así como mejoramiento de viviendas.
Hoy son ellos mismos constituidos en comités de administración y vigilancia, quienes ejercerán esos recursos a cargo de mujeres quienes ejercen como tesoreras. Múltiples son las lecciones que los pueblos nos siguen dando, baste para dimensionar, el ejemplo de las asambleas de las comunidades de Huitzilan de Serdán, en la Sierra Norte de Puebla, donde el pasado 13 de junio se desprendieron del control que por décadas ha ejercido la organización Antorcha Campesina, lucrando con el control de los recursos públicos. Fueron las propias comunidades nahuas y totonacas quienes consideran este hecho un parteaguas en su historia política reciente declarando sin ambigüedades que: “La unidad del pueblo fue más fuerte que cualquier intento de manipulación” www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/pierde-antorcha-campesina-en-huiztzilan-control-de-2-mdp-en-recursos-federales/
Estas son las lecciones para los expresidentes del IFE y los ex magistrados electorales quienes imbuidos en su soberbia siguen confundiendo burocracia con soberanía; estas son las lecciones para quienes siguen considerando el presupuesto público como bolsa personal o beneficio para grupos políticos; y más importante, es un recordatorio para quienes militamos en el movimiento de Transformación, nunca olvidemos que nuestro papel es siempre contingente en tanto solo somos intérpretes de la voluntad del pueblo.
El cargo Los pueblos indígenas nos enseñan sobre democracia / Por René González apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
