A través de un recurso de revisión, el gobierno federal impugnará la resolución que otorgó el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, a la transnacional Monsanto contra el decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y elimina gradualmente el uso del glifosato a más tardar en 2024 por sus posibles efectos en la salud y medio ambiente, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil rechazaron la resolución del juez y sentenciaron que: “parece haber sido concedida a modo y a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo”, al tiempo de considerar que se trata de una sentencia “llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente”.
En tanto, Semanart a cargo de María Luisa Albores acusó a Monsanto de desconocer, con argumentos engañosos, el principio precautorio, el cual México ha adoptado en diversos convenios y leyes y que debido a la modificación del Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este principio es parte de la misma Constitución.
La decisión, reprochó en un comunicado, no tomó en cuenta el perjuicio a la salud por el uso del herbicida, lo cual, sostuvo está demostrado en investigaciones médicas y científicas.
Glifosato daña a polinizadores
“Como Semarnat tenemos ante todo la obligación de preservar el ambiente y la vida, por ello hemos recopilado información suficiente que acredita los daños causados por esta sustancia a especies polinizadoras como las abejas, el agua superficial de los cauces naturales, el suelo, la flora y el aire”, apuntó.
Muchos otros países, indicó, reconocen que el herbicida glifosato es sumamente dañino a la salud humana y ambiental.
La Semarnat agregó que el decreto presidencial da continuidad a la lucha de la sociedad mexicana por reconocer al maíz como patrimonio biocultural y para impedir la introducción de variedades genéticamente modificadas que permiten su apropiación a través de patentes y deterioran el reservorio genético que se ha construido a lo largo de miles de años.
