Redacción
El caso de los sobornos que realizó el gigante de la construcción brasileña Odebrecht en México al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no serían los únicos. Y es que una nueva investigación señala que al menos 9.2 millones de dólares fueron transferidos por la firma entre 2006 y 2011 para corromper a otras personas relacionadas con distintos proyectos.
Quinto Elemento Lab tuvo acceso a la información proveniente del sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina secreta de Odebrecht que distribuía los sobornos a funcionarios de toda América Latina. Ahí se constata que hubo 25 transacciones de pagos ilegales realizadas a distintas personas en México.
De acuerdo con lo señalado por Quinto Elemento, que es parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por reporteros de diversos países latinoamericanos, estas operaciones ocurrieron antes de los pagos que Odebrecht hizo al exdirector de Pemex, a quien le transfirió 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014 a cambio de ayudarle a obtener contratos en la refinería en Tula.
Sin embargo, en los documentos no aparecen nombres, sino que están identificadas a través de codinomes, es decir, seudónimos. Pero de acuerdo con fuentes al interior de Odebrecht, estos alias pueden referirse a una sola persona o a varias y, además de que una misma persona puede llegar a tener varios codinomes.
Entre abril y mayo del año 2006, el departamento de sobornos registró tres pagos ilegales a favor de “Pérsico” por 590 mil dólares. La obra era identificada como 225101-Supervisao México, pero no se precisa a qué proyecto de infraestructura corresponde este nombre.
En 2011, la división de pagos ilegales reportó 22 sobornos por un total de 8.6 millones de dólares vinculados a la obra PH Michoacán, los cuales fueron canalizados a personajes identificados como: Océano, Xavier, Xavier 2 y Meninos.
De acuerdo con una investigación publicada en 2017 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “PH Michoacán” se refiere a la presa Francisco J. Múgica, que había revelado pagos ilegales por 383 mil dólares.
El contrato para la construcción de esta presa fue asignado en 2006 a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los registros de los pagos realizados figuran las siglas LW, que identifican a Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como responsable de las transacciones vinculadas al proyecto en Michoacán.
En 2007, Meneses Weyll reveló los alias Batman y Robin, cuando dijo que la constructora realizó una aportación de 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte en Veracruz.
Los nuevos codinomes también son distintos a los dos que reveló MCCI en marzo de 2020, cuando publicó que el código Latino recibió sobornos relacionados con las obras de la refinería de Tula, Hidalgo, y que Salvador es uno de los alias que tenía asignado Emilio Lozoya cuando estaba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Estas nuevas informaciones fueron obtenidos por la organización peruana IDL-Reporteros y compartidos con Quinto Elemento Lab.
Los formatos con la contabilidad secreta de Odebrecht llegaron el mes pasado a la fiscalía de Perú a raíz de una solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez en abril de 2018 a las autoridades brasileñas, sobre el registro de pagos de sobornos y el financiamiento de campañas políticas que Odebrecht hizo en el país andino.
Los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, fueron enviados por los fiscales de Brasil y han abierto nuevas líneas de investigación en Perú: “Forman parte de la división de Operaciones Estructuradas, de la caja 2, que es la contabilidad paralela que tenía la empresa como destino de los pagos ilícitos referidos a obras públicas y campañas políticas”, dijo el fiscal anticorrupción peruano a Quinto Elemento Lab.
El paquete de información no sólo contiene los registros vinculados al caso de Perú, también incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales entre 2004 y 2011 en otros países de América Latina, como México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
