Nueva Fiscal / Por Claudia Bolaños

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En el Congreso de la Ciudad de México hay mucho show por elegir a quien estará al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando todo está dicho y será Bertha Alcalde, hermana de la actual presidenta nacional de Morena Luisa María.

Así es, ella es la elegida para encabezar dicha institución los próximos cuatro años, aunque pareciera que eso pudiera tener problemas de conflicto de interés.

Desde el momento en que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada,  afirmó que Ulises Lara pasaría a su gabinete al concluir su encargo al frente del despacho de la FGJ , se dijo que el recién Abogado titulado no sería el próximo Fiscal capitalino.

Y de ahí es que en Morena movieron los hilos y eligieron a su propia candidata que recientemente estuvo al frente del ISSSTE, en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La mención de Bertha Luján causó revuelo en los círculos jurídicos, en organizaciones independientes, y desde luego en la oposición que ven un lastre de cuatro años más de “servilismo” frente al poder en turno.

Mucho se habló de qué sería un acto de nepotismo y un conflicto de interés, pero para los diputados de la Ciudad de México, en su mayoría de Morena, poco les importa esas críticas veraces y anuncian que sólo obedecen a lo que se dicta desde palacio capitalino.

La candidatura de Bertha Alcalde Luján para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) es un tema de intenso debate público.  Su nombramiento, propuesto, señalan que fue realizado por el Ejecutivo, encontró un rotundo rechazo en varios sectores de la Ciudad de México, y desde ahí se generaron diversas interpretaciones y análisis sobre las razones detrás de esta decisión.

Alcalde, abogada con trayectoria en el ámbito del derecho y la política,  presentó su candidatura con un discurso enfocado en la profesionalización de la institución y la lucha contra la impunidad.  Sin embargo, su pasado político, su cercanía con el partido Morena y ciertas controversias que rodean su carrera,  se convirtieron en puntos clave de discusión durante el proceso de evaluación.

Es clara la carencia de experiencia en procuración de justicia:  Si bien Alcalde cuenta con experiencia jurídica, algunos sectores cuestionaron su falta de experiencia directa en la gestión de una institución de procuración de justicia del tamaño y complejidad de la FGJCDMX.

Se argumentó que la fiscalía requiere de un perfil con una trayectoria probada en la investigación y persecución del delito.

A lo largo de su carrera, Alcalde ha estado involucrada en diversas polémicas que generaron cuestionamientos sobre su imparcialidad e independencia.

 Estas controversias, aunque no necesariamente implicaban actos ilegales,  crearon dudas sobre su capacidad para dirigir una institución que debe actuar con total objetividad

La cercanía de Alcalde con el partido Morena, el partido en el poder en la Ciudad de México, generó preocupaciones sobre la posible politización de la fiscalía.

Algunos sectores argumentaron que su nombramiento podría afectar la autonomía de la institución y su capacidad para investigar a miembros del gobierno.

El proceso de selección en sí mismo fue objeto de críticas.  Se argumentó que la falta de transparencia y la limitada participación ciudadana en la elección de las y los candidatos.

La candidatura de Bertha Alcalde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deja al descubierto la necesidad de un proceso de selección más transparente y participativo, así como la importancia de priorizar la experiencia y la independencia en la elección de los titulares de instituciones clave en el sistema de justicia.

Y Sepa la Bola… pero hablando de abusos en Navidad, el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa deben de poner atención en lo que ocurre en los más de 40 estacionamientos que hay en el Centro, donde abusan y cobran lo que quieren.

A pesar de que tiene tarifas establecidas, estas no son respetadas y aumentan los cobros por hora y aquellos que no pagan se tienen que aguantar una golpiza o que los autos sean dañados.

Prácticamente son tierra de nadie y es ahí donde la autoridad tiene que hacer valer la ley.