- Aurora Vázquez, la diputada yaqui, utilizó la tribuna de San Lázaro para visibilizar el rezago educativo que padecen los pueblos originarios de México, por lo que urgió a autoridades locales a promover un esquema que remedie este fenómeno.
Red de corresponsales
Este miércoles 17 de noviembre, Brianda Vázquez, diputada por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a los congresos locales a legislar en favor de implementar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en los niveles medio superior y superior.
Durante su participación en la tribuna, Vázquez Álvarez, de herencia yaqui, aseguró que garantizar los derechos de los grupos vulnerables es primordial para el Estado mexicano. Por lo que recordó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(CPEUM), el gobierno se compromete a combatir las carencias y rezagos de los pueblos originarios.
Bajo esta lógica, la diputada federal explicó que es obligación del Estado “garantizar incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural, la alfabetización, la conclusión, la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y de acuerdo con las leyes de la materia y la consulta de comunidades indígenas”.
Y es que el artículo garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y que ésta se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional explica en su apartado B que la federación, los estados y municipios, están obligados a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Asimismo, atrajo el Artículo 48 de la Ley General de Educación (LGE), la cual establece los principios de equidad con el objetivo de disminuir las brechas de cobertura educativa en todas las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales para combatir la desigualdad y la equidad en el acceso y permanencia en los estudios de razones económicas, de género, origen étnico y discapacidad.
De acuerdo con la LGE, “la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas”.
Asimismo, reitera que es obligación de la federación, los estados y municipios “garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos”.
Y fue en este contexto donde exhortó a los legislativos locales a establecer acciones para garantizar el acceso a la educación media superior y superior a las comunidades indígenas de todo el país. Esperando tener como consecuencia una mejora sustancial en su calidad de vida al establecer mejores en su capacidad de acceso al mercado laboral y seguridad social.
Por lo que espera que se incorporen mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en grados medio superior y superior, atendiendo así las condiciones de desigualdad estructural. Pues las poblaciones indígenas han sido olvidadas históricamente a lo largo de diversos gobiernos mexicanos, lo cual ha tenido como consecuencia que los habitantes de dicha comunidades sean los grupos sociales con mayor rezago educativo, menor acceso al empleo profesionalizado y mayor precarización de la fuerza de trabajo.
