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A pesar de que el combate a la corrupción se ha colocado como la principal bandera política de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que ese flagelo social constituye uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020.
Y lo anterior, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resulta que 15.7 por ciento de las personas que realizaron un trabajo gubernamental fueron víctima de alguna extorsión (con datos al 2019), y 5.1 por ciento de las empresas (con cifras al 2020).
“De 2013 a 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas. En el caso de las empresas víctimas de corrupción, el nivel se ha mantenido respecto a 2016”, destacó el INEGI por medio del reporte “Estadística a propósito del Día Internacional contra la Corrupción”.
En este sentido, refirió que, de acuerdo con datos recabado, el 54.6 por ciento de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020. No obstante, hay diferencias entre la percepción, que incluye las creencias de que la corrupción existe y las experiencias directas de dichos actos.
Por ejemplo, 62.1 por ciento de la población mayor de 18 años creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019; sin embargo, la proporción de personas que efectivamente resultaron víctimas fue de 15.7 por ciento de quienes tuvieron contacto con algún servidor o servidora pública.
Por regiones, resulta que en las entidades de Durango, Ciudad de México, México y Quintana Roo la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.
“Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución”, apuntó el INEGI.
El organismo dijo que las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas. 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019 fueron víctima de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.
En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, es decir, 64.1 por ciento más que en 2017.
“En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó tres mil 822 pesos en promedio (mil 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50 por ciento en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción, destacó.
