En un informe, el gobierno de Estados Unidos defendió la participación del sector privado
Redacción
El laboratorio de Energías Renovables (NREL, en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos defendió este jueves la participación del sector privado en la generación de energías limpias en México y advirtió de los riesgos de una reforma legal que altere el sistema actual.
“La inversión del sector privado es fundamental para que México logre sus objetivos de energía limpia. Sin embargo, las inversiones necesarias tendrán dificultades si se realizan cambios en los marcos legales del actual mercado eléctrico”, afirmó el NREL en un informe.
El laboratorio de investigación, adscrito al Departamento de Energía, concluyó que México puede convertirse en “una potencia de energía limpia” debido a sus grandes recursos solares y eólicos todavía sin explotar.
Según sus cálculos, el país latinoamericano tiene potencial para generar 25.000 gigavatios (GW) en energía solar, de 3.700 GW en energía eólica, de 2,5 GW en geotermia y de 1,2 GW en hidroeléctrica, lo que satisfaría 100 veces las necesidades eléctricas de México.
Aseguró que “con suficiente inversión del sector privado”, México podría aprovechar rápidamente este potencial y cumplir con su meta de alcanzar el 35 % de generación de energía limpia para 2024.
El Congreso mexicano está debatiendo una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende limitar al 46 % la participación del sector privado en el mercado energético.
Además, la iniciativa prioriza la energía generada por las plantas fósiles de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delante de las plantas de energías renovables del sector privado.
López Obrador afirmó este jueves que ha tratado el tema con las autoridades estadounidenses en varias reuniones, pero les ha trasladado que no deben “intervenir” en la política energética mexicana.
Incluso reveló que “una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante” en la que acusaba a México de estar “violando” el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
