A nivel nacional 21 estados de México cumplieron con el 100% de transparencia presupuestal
durante 2021. ¿Cómo le fue a San Luis Potosí ?
Red de corresponsales
El Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detalló que 21 estados de México cumplieron con el 100% de transparencia presupuestal durante 2021.
En nueve entidades cumplieron entre 95-99%; seis entre 80-94%; cuatro entre 70-79% y una entidad reportó una calificación menor a 70%.
La entidad de San Luis Potosí reportó un porcentaje de 72% y representó la segunda entidad con menor transparencia presupuestal, solo por delante de Guerrero que obtuvo una calificación inferior al 70%.
Igualmente, el resto de los estados que reportaron un cumplimiento inferior al 80% en el BIPE fueron:
- Morelos: 78%
- Estado de México: 74%
- Michoacán: 73%
Pese a que San Luis Potosí es el segundo estado con menor transparencia a nivel nacional, los últimos seis años ha logrado subir su calificación en su información presupuestal, pues pasó de 63% en 2015 a 72% en 2021; sin embargo no ha podido superar al promedio nacional en este periodo.
En cuanto al cumplimiento por sección, la transparencia de “Acceso inicial”, “Recursos Federales” y “Ley de ingresos” fue de 100%, mientras que en “Poderes/dependencias” y “Clasificaciones” fue de 92% y 83%, respectivamente. En el resto de los secciones se cumplió con:
- Rubros específicos: 67%
- Municipios: 50%
- Criterios: 47%
- Deuda pública: 46%
- Tabuladores/plaza: 44%
¿Qué es y cómo se mide el BIPE?
Este barómetro mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas del país. Asimismo, verifica el cumplimiento de la contabilidad gubernamental, disciplina financiera y transparencia.
Para el año fiscal 2021, el BIPE midió diez secciones y 116 criterios basados en 55% con fundamento legal, así como 45% a partir de buenas prácticas.
A pesar de los avances del BIPE a partir de su creación en 2008, agregó el IMCO, algunas entidades no publican información sobre su deuda pública, los sueldos, salarios y plazas del personal docente, ni el saldo de los fideicomisos.